Ginebra.- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este martes extender por otros dos años el mandato de la Misión Independiente de Investigación sobre Venezuela, pocos días después de que el organismo advirtiera en su último informe que la estructura represiva del régimen permanecía “intacta” tras la caída de Nicolás Maduro.
La resolución reconoce algunos avances recientes, entre ellos el restablecimiento de la cooperación y el diálogo con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. Sin embargo, mantiene su preocupación por las “continuas y graves violaciones y abusos” registrados en el país.
La medida fue aprobada con 25 votos a favor, 17 abstenciones y cinco en contra, correspondientes a China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi.
La misión, creada en 2019 y formada actualmente por Sofía Macher, de Perú; Alex Neve, de Canadá, y María Eloísa Quintero, de Argentina y México, deberá presentar nuevos informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante las sesiones del Consejo previstas para 2027 y 2028.
Antes de la votación, la delegación venezolana rechazó la extensión del mandato y consideró que “ha llegado el momento de superar mecanismos de escrutinio establecidos sin el consentimiento del Estado concernido”. También sostuvo que cualquier renovación debería incluir una ruta clara hacia la conclusión de la misión.
“Los mecanismos extraordinarios no deberían perpetuarse indefinidamente ni renovarse de manera automática”, agregó la delegación venezolana.
Días antes, Sofía Macher, presidenta de la misión, había defendido la continuidad del trabajo del organismo y consideró que su labor resulta especialmente necesaria para determinar si existen cambios reales en Venezuela, sobre todo ante un eventual escenario de transición política.
La resolución también expresa preocupación por las “persistentes deficiencias en el Estado de derecho, el espacio cívico y la independencia del sistema judicial”, condiciones que, según el Consejo, pueden favorecer “una impunidad generalizada”.
El organismo pidió a las autoridades venezolanas garantizar las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación, además de eliminar las restricciones al espacio cívico y democrático. También reclamó la liberación “inmediata e incondicional” de las personas detenidas de manera arbitraria.
El Consejo recordó además que la prolongada crisis humanitaria y de derechos humanos ha obligado a millones de venezolanos a abandonar el país. En ese sentido, reconoció los esfuerzos que realizan otros Estados, especialmente de América Latina y el Caribe, para recibir a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos.
