Por Wilson Arides García.
La crisis que se cierne sobre el arroz dominicano no surgió de la noche a la mañana. El DR-CAFTA estableció un proceso gradual de desmonte arancelario que debía servir para preparar y fortalecer los sectores más sensibles de nuestra economía. Sin embargo, no es correcto presentar esos veinte años como un período continuo de abandono ni atribuirles la misma responsabilidad a todos los gobiernos. Durante las administraciones del PLD se desarrolló una política de Estado orientada a sostener la producción nacional mediante la pignoración, el financiamiento, la asistencia técnica y la regulación del mercado. Esa política fue de mucha responsabilidad y, permitió mantener la producción, preservar el autoabastecimiento y evitar que la apertura comercial destruyera anticipadamente al sector arrocero.
El gobierno del PRM llegó en 2020 conociendo perfectamente el calendario del DR-CAFTA y sabiendo que le correspondería administrar su etapa final y más peligrosa. Durante cinco años tuvo la oportunidad de profundizar la tecnificación, reducir los costos de producción, fortalecer la investigación, mejorar el riego, garantizar financiamiento y conservar el personal especializado. En cambio, el campo fue descuidado de una manera aberrante. Las cancelaciones masivas de técnicos agropecuarios denunciadas desde el inicio de esta gestión, las repetidas crisis de la producción porcina y la reciente suspensión de las exportaciones de mango hacia el mercado estadounidense evidencian el debilitamiento institucional del sector. El Decreto 693-24 quiso hacer lo imposible con el arroz dominicano, pero una medida arancelaria tardía no puede sustituir seis años de preparación estructural.
Nuestros productores no tienen capacidad para competir en igualdad de condiciones con el arroz procedente de Estados Unidos y de algunos países de Centroamérica. Compiten contra economías de mayor escala, productores subsidiados, créditos más baratos, tecnología avanzada y costos considerablemente menores. Abrir completamente el mercado sin compensar esas desigualdades no representa libre competencia: representa condenar a la desaparición a miles de productores nacionales, junto con los empleos, las comunidades rurales y la seguridad alimentaria que dependen de ellos.
Por eso, la responsabilidad no puede distribuirse mecánicamente según la cantidad de años que gobernó cada partido. Los gobiernos anteriores tienen una responsabilidad histórica por no haber completado toda la transformación necesaria, pero el PRM carga con la responsabilidad política inmediata de haber recibido el tramo decisivo, debilitar la continuidad de las políticas existentes y no preparar adecuadamente al productor para el momento anunciado. Por sus decisiones y resultados, este gobierno demuestra que privilegia el turismo y la economía de servicios mientras empuja la producción nacional hacia su desaparición. Si no se invierten ahora los recursos necesarios para proteger y transformar el campo, la crisis del arroz será apenas otro capítulo de una política que está cambiando nuestra soberanía alimentaria por una peligrosa dependencia del exterior.
